El Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio, como consecuencia de la Ley 9/2007 de 22 de octubre pretende reordenar el sector público andaluz.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAFJA), de amplia presencia en la Administración General ha recurrido el Decreto al tiempo que se ha querellado contra el Consejo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación.
El citado Decreto, no está nada claro y nuestra asesoría jurídica está estudiando cómo puede afectar al Servicio Andaluz de Salud y al personal facultativo.
Tampoco está nada claro (o tal vez demasiado) el acuerdo que la Consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha firmado con UGT y CCOO para negociar y desarrollarlo, así como para elaborar los futuros estatutos, al más puro estilo “Juan Palomo”.
Estas maniobras nada democráticas nos producen un profundo rechazo, en las formas y en el fondo.
Puedes encontrar más información en https://www.sindicatofuncionariosja.org/