Desde el año 2001 estaba en vigor el art. 30.2 de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de Andalucía para 2012 que establecía la NO exigencia de la colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas, que ahora ha sido anulada por el tribunal constitucional al estimar un recurso del Gobierno Aznar de 2002.