El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró ayer nulo el decreto de la Junta que permitía la conversión en agencias administrativas a varias entidades que hasta ese momento pertenecían al gobierno regional. Entre ellas se encontraba el SAS. Esta medida, puesta en marcha en 2011 había modificado el régimen jurídico de estas entidades, permitiendo modelos de financiación de colaboración público-privada. Ante la intromisión en los derechos de los trabajadores de las seis entidades afectadas y la vulneración del derecho de los sindicatos a ejercer su función el Tribunal Andaluz echa por tierra la medida puesta en marcha por el gobierno andaluz, que tendrá que ser acatada puesto que ante ella no cabe recurso. Y es que desde la instancia judicial se afirma que debía haberse negociado con los sindicatos del sector, algo a lo que no están acostumbrados la Señora Montero y la Consejería de Salud. Una imposición más que choca de frente con la justicia.
