El fiscal de la Audiencia de Sevilla, Jose Mª Cañas Fernández de Peñaranda, en su intervención en el primer foro sobre agresiones, dijo que la ley “considera funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas”, para aclarar que las agresiones al médico, en su calidad de funcionario se consideran atentados y, por tanto, tienen una condena penal mayor.
No se exige que en una agresión se dé un resultado lesivo pues la amenaza también se pena, según la agravación de penas por agresiones a funcionarios recogida en la reforma del Código Penal.
El facultativo es autoridad pública no solo en la consulta, también en un aviso domiciliario o incluso aunque en ese momento no esté cumpliendo ninguna función médica, pero se cometa el delito por ocasión de ella es decir, por su condición de médico del Servicio Nacional de Salud.
Cañas recomienda a los agredidos acudir directamente al juzgado, donde se verá el cauce procesal a seguir según se trate de un delito o una falta.
Fuente: Diario Médico.