El traslado programado de una enferma psiquiátrica en un ambulancia medicalizada del DCCU desde Sevilla a Baena, el pasado 12 de mayo, dejó a la capital con una ambulancia menos para la atención de sus urgencias domicilarias. La razón que se esgrimió fue una orden judicial presentada por el director de la UGC.
Cada uno de los equipos destinados a las urgencias de Sevilla tiene asignada una población aproximada de 140.000 habitantes. Un equipo menos ocasiona una sobrecarga al resto del servicio que debe asumir más avisos y por eso aumentan los tiempos de espera de los pacientes.
Esta situación se mantuvo entre las ocho de la mañana (hora de partida hacia Baena) y las cuatro de la tarde, cuando se reincorporó el equipo a su trabajo habitual.
No existe ninguna razón, salvo la económica, para interrumpir la rutina de trabajo del personal de urgencias y ponerlos en riesgo de accidente de tráfico. No tenemos conocimiento de que se intentase, al menos, recurrir a personal voluntario de descanso o a la contratación de un equipo para realizar el desplazamiento con una unidad no activa ese día. Por otra parte, los servicios de ambulancias concertados disponen de vehículos medicalizados disponibles para hacer el traslado.
No entendemos como no se pidió el auxilio de los Cuerpos de Seguridad para ser escoltados puesto que se trataba del traslado de una paciente psiquiátrica con el consiguiente riesgo de agresión a los profesionales y, como poco, la posibilidad de sufrir un accidente.
Se ha dejado a la ciudad de Sevilla con un efectivo menos para la atención domiciliaria de urgencias. Desde el año pasado, cuando se retiró la sexta unidad de Servicio DCCU por motivos económicos, la ciudad dispone solo de cinco ambulancias para la atención de una población cifrada en unos 700.000 habitantes. Por lo tanto ese día la demora recayó de nuevo sobre los más necesitados de atención urgente.