Para cumplir con la normativa comunitaria, y con la sentencias basadas en ella, CESM exige al Gobierno tres medidas muy concretas
-Que modifique la legislación básica española para dar cumplimiento a la Directiva europea 1999/70/CE.
-Que se dote al SNS de plantillas reales y suficientes, es decir, acordes con las necesidades asistenciales.
-Que las ofertas de empleo afecten a todas las vacantes, lo que implica eliminar definitivamente las tasas de reposición.
Y esto ya lo dijeron en mayo de este año, cuando la Confederación requirió a la Comisión Europea para que hiciera cumplir a España la directiva 1990/70 que prohíbe la sucesión abusiva de contratos pues casi la mitad de los médicos de la sanidad pública son temporales.
CESM, a finales del pasado año, alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Sanidad en virtud del cual éste se comprometía a defender ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (en el que están representadas todas las CCAA) una serie de propuestas en dicho sentido, compromiso incumplido hasta la fecha.
Los datos hablan por sí solos: según la última edición del estudio “Situación laboral de los médicos en España”, elaborado por la OMC y CESM, el 41% de los médicos que trabajaban en 2015 en la sanidad pública sin plaza en propiedad lo hacían con contratos temporales de meses, semanas, incluso, de horas, con una media de más 7,64 contratos por año, el 19% de los cuales fueron inferiores a los seis meses. Además el 19,6% de los médicos en la sanidad pública llevaba entre 11 y 20 años contratado sin regularizar su situación contractual, y un 8% permanecía en este estado desde 20 o más años atrás.
El dictamen de la Justicia europea no hace más que darnos la razón a CESM cuando nos quejamos insistentemente de que se está precarizando la profesión hasta límites intolerables, en un proceso que va de más a más desde que, con el pretexto de la crisis económica, comenzaron a recortarse, y seguimos en ello, las partidas económicas en gasto de personal.
España, por cierto, ya ha sido advertida por la Comisión Europea de que se expone a ser sancionada si no corrige el problema descrito.
Fuente: SMA