Ayer presentó CC.OO. su informe anual de siniestralidad laboral en la provincia de Sevilla con un dato que destaca sobre cualquier otro, que el número de accidentes laborales crece proporcionalmente mucho más que el número de empleos nuevos y así, la siniestralidad en la provincia aumentó un 8 % mientras los afiliados a la Seguridad Social lo hicieron en un 2 %.
Y por sectores, el 59 % de los accidentes se dan en el sector servicios, en el que nos encontramos, muy por encima del 19 de la industria o el 11 % de la construcción y el sector agrario.
Una de la conclusiones más destacadas es que “las inversiones públicas en materia de prevención de riesgos brillan por su ausencia sea en la administración que sea”.
La realidad que constatamos es que con 28 inspectores para toda la provincia es imposible el control y seguimiento de la normativa y, muy a duras penas y con una encomiable dedicación del personal de inspección, pueden atenderse con rapidez las denuncias en materia laboral.
En nuestro ámbito, es más el ruido que las nueces. Así, comprobamos por ejemplo como, para cumplir el expediente legal, hay distritos que, al hacer nuevas contrataciones, “obligan”, mediante la firma de un documento, a los nuevos empleados, sean por el tiempo que sean, al compromiso de realizar un curso “on line” que está en la web del distrito, sin que se les informe de la obligatoriedad por parte de la empresa de dar tiempo para realizarlo durante la jornada laboral o compensar el tiempo empleado en casa por hacerlo, como marca la ley de prevención.
Otro motivo de incertidumbre, que no ayuda a potenciar la seguridad y la salud de los trabajadores, ni su motivación, son los cada vez más frecuentes rumores de las presiones sobre los médicos de cabecera de los facultativos empleados del SAS para no dar bajas como accidente de trabajo a procesos sucedidos durante la realización del mismo y que, sabemos, en su etiopatogenia son muy importantes los factores de riesgo psicosociales. Aún cuando los propios estudios de factores de riesgo psicosocial realizados por las unidades de prevención de riesgos (UPRL) de la propia empresa tales como las cargas de trabajo indican, en una inmensa mayoría de casos, tienen un grado de riesgo elevado o muy elevado y, por tanto, necesidad de planificar una prevención eficaz en el menor tiempo posible.
Desgraciadamente los estudios no se corresponden con las acciones preventivas y, a pesar de nuestros requerimientos constantes, la voluntad teóricamente expresada no va pareja con la prevención y protección esperada y deseada por los trabajadores y sus representantes, por el momento.