La última reunión de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS) en Málaga ha vuelto a poner sobre la mesa la que será la próxima batalla de los sindicatos médicos después de la petición de un mínimo común denominador del 6,9 por ciento del PIB de inversión destinado a sanidad. Se trata de la actualización de la Directiva europea que regula las jornadas de trabajo de los profesionales médicos, una normativa que ha quedado obsoleta con el paso de los años y que no es de aplicación unificada.
El cumplimiento de esta Directiva 2003/88 de 4 de noviembre empieza a ser cambiante puesto que hay países que están aplicando la «cláusula check-out» y otros que no, como España, Holanda, Italia o Portugal.
La cláusula consiste en que con permiso del trabajador, empresario y empleado firman poder ampliar esa jornada laboral de 48 horas, con un máximo fijado que se pacta, de 54 o 58 horas a la semana. Es voluntario, lo firma quien quiere y así se recompensa, y esto empieza a ser cambiante puesto que hay países como los del norte de Europa, Alemania, Inglaterra o Francia que lo aplican. En España, el trabajador puede hacer voluntariamente la llamada «jornada especial», con un tortal de 150 horas anuales como máximo, siempre que lo haga por escrito y conste en un registro específico.
“El tema es tan cambiante como que Portugal ahora considera la hora de descanso después de una guardia como hora trabajada para que así no puedas ir a trabajar a otro sitio. Esta directiva obliga a unas jornadas y unos descansos, a once horas de descanso entre jornada y jornada, y a 36 horas de descanso interrumpido a la semana. Pero puede que un señor que sale de guardia a las ocho de la mañana y está obligado a librar, aproveche esa hora de libranza para ir a trabajar a otro hospital o centro de Urgencias o lo que sea. Para que esto no ocurra, Portugal ha decidido considerar descanso obligatorio como horas trabajadas, de manera que no se puede ir a desempeñar su tarea a otro lugar. Te están pagando para que descanses, porque de lo contrario podrías ser sancionado», explica el vicepresidente de FEMS, Albert Tomàs.
Es precisamente por las particularidades de cada país y la aplicación que éstos hacen de la normativa por lo que los sindicatos consideran que es necesario llamar la atención de la Comisión Europea. Es un proceso que, según Tomàs, se retrasará en el tiempo, pues de momento están analizando el grado de cumplimiento de la legislación, algo que se hace a través de encuestas a cada país. «Cuando tengamos todos los resultados formularemos la petición oficial».
Fuente: Redacción Médica