Como ya sabéis, la Consejería de Salud está poniendo en marcha protocolos de ‘Gestión Compartida de la Demanda’ que establecen que determinados pacientes podrán recibir atención finalista por personal de enfermería para algunos problemas médicos.
El Sindicato Médico y el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla se han alineado conjuntamente para denunciar públicamente estos protocolos porque asignan a personal de Enfermería labores de exploración, diagnóstico y tratamiento que corresponden en exclusiva a los médicos. Este hecho bastaría por sí mismo para justificar la anulación de tales protocolos, pero las razones para oponernos a ellos van más allá de lo deontológico.
Una medida como ésta supone, ante todo, un fraude a la población. Pacientes que acudirán a su centro de salud para consultar a su médico serán atendidos por personal de Enfermería, lo que representa un obstáculo a la asistencia médica que los enfermos más vulnerables tendrán dificultades para vencer. Esta denuncia no supone una crítica o un menosprecio a la labor del personal de Enfermería. Por el contrario, respetamos y valoramos profundamente el trabajo de estos compañeros. Médicos y enfermeros tenemos el deber de trabajar coordinados por el bien del paciente. Pero la cualificación del enfermero, por elevada que sea, no le permite suplir al médico. No nos encontramos ante una cuestión de mera cualificación, sino ante una de habilitación legal para el desarrollo de actuaciones profesionales reguladas por la ley.
La implantación de los referidos protocolos se basa en la idea disparatada de que existen problemas médicos ‘menores’ que pueden ser resueltos por personal no médico. Síntomas como la fiebre, el dolor abdominal, los vómitos o la lumbalgia pueden ocultar patologías con graves consecuencias para la salud e incluso la vida del paciente. Sólo el examen de un médico permite determinar cuándo un cuadro aparentemente banal oculta una grave enfermedad. Asignar la evaluación de patologías aparentemente menores a personal no médico supone una grave irresponsabilidad en la que sólo pueden incurrir gestores que piensen que para ejercer la medicina basta con el sentido común.
Por otra parte, cabe plantearse quién asumirá la responsabilidad por las demandas presentadas a raíz de este tipo de actuaciones. Si un paciente que consulta por una lumbalgia presenta, a las 24 horas de ser atendido por personal de enfermería, una parálisis del ciático por una protusión discal, ¿quién asumirá la responsabilidad? Difícilmente lo hará ninguna compañía aseguradora. Pero incluso si el SAS quisiera asumir la responsabilidad civil correspondiente, existiría en un caso como éste una probable responsabilidad penal estrictamente personal. Podrían ponerse ejemplos similares en el caso de vómitos, dolor abdominal o cualquier otro de los cuadros contemplados en los protocolos citados. Los médicos no podemos arriesgarnos a formar parte de equipos en los que la responsabilidad de cada uno de sus miembros no esté perfectamente delimitada.
La implantación de estas medidas obedece, sin duda, a una supuesta escasez de médicos en el SAS. Pero los problemas a los que se enfrenta el SAS para cubrir determinados puestos médicos obedecen más a las precarias condiciones laborales y retributivas que ofrecen que a una verdadera escasez de médicos. Pretender solucionar este problema asignando a personal de Enfermería labores médicas no sólo es legalmente insostenible, sino que contribuirá a aumentar el malestar del médico del SAS y a fomentar su huida. De hecho, sospechamos que la implantación de estos protocolos llevará aparejados cambios en los horarios de trabajo de los médicos que afectarán a sus condiciones laborales y retributivas, incrementando su insatisfacción con el sistema.
Los médicos siempre han estado, y están, abiertos al diálogo, pero nunca van a estar abiertos a imposiciones. La Consejería de Salud tiene que entender que, el fin último perseguido por todos, esto es, el bienestar de los andaluces, no puede venir de la mano de la confusión de tareas y responsabilidades entre los colectivos de médicos y enfermeros que siempre han estado perfectamente delimitadas.
Por ello, el RICOMS y el SMS trabajaremos unidos para oponernos en nuestra provincia a la implantación de unos protocolos inaceptables por razones profesionales, de responsabilidad civil, laborales y retributivas.
Dr. Rafael Ojeda Rivero
Presidente del Sindicato Médico de Sevilla
Dr. Alfonso Carmona Martínez
Presidente del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla