Según informa ABC de Sevilla, la Junta de Andalucía sigue adelante con el proyecto de cambiar su sistema de oposiciones. En la noticia publicada por el medio se indica que en la última reunión del grupo de trabajo constituido para abordar esta reforma del proceso del acceso a la función pública, los expertos convocados por el Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP), organismo dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, pusieron sobre la mesa tres cambios sustanciales: el despido de funcionarios, medir su productividad y la privatización de parte del proceso de oposiciones.
Tras la reunión del grupo de trabajo, el IAAP publicó un documento, al que ha tenido acceso ABC, con las conclusiones a las que llegaron los expertos y que recomiendan a la Junta a la hora de reformar el proceso de oposiciones en Andalucía. Estas propuestas seguirán su fase de estudio y serán remitidas finalmente a la Mesa Sectorial.
Uno de los cambios más llamativos que figuran en el documento está en la recomendación de que la Junta establezca medios para poder despedir a sus funcionarios. Así, el texto plantea un sistema «que contemple la pérdida de la condición de funcionario». Según este texto del IAAP, «el sistema no debería permitir el empleo de por vida; debería garantizar un mínimo de desempeño exigible y avanzar hacia el desempeño óptimo».
El documento de los expertos reconoce que «actualmente no hay un proceso de adaptación al puesto de trabajo ni evaluación alguna» de los funcionarios andaluces, aboga asimismo por acabar con el concepto de «inamovilidad» y diferenciarlo del de «estabilidad». El empleo, plantea la Junta, debe ser estable, pero no estático.
De fondo, y para reorganizar todo el proceso, se propone como una opción redactar «un nuevo marco regulador: una nueva ley de la función pública» que, además, «debería prever las peculiaridades que afecten al personal laboral de la Junta, no sujeto a regulación autonómica.
Privatización de oposiciones
El documento con el que la comisión constituida por la Junta analiza el posible futuro de las oposiciones en Andalucía contempla también que sean empresas privadas quienes hagan las pruebas para ser funcionario andaluz.
Así, el texto reza: «La administración debería mantener la dirección del proceso, pero en la parte operativa podría tener sentido que se apoyase en empresas privadas».
El informe abunda en la idea de la privatización y añade que «el reclutamiento general (test de conocimiento, inteligencia, etc.), podría ser realizado externamente. Mediante este reclutamiento -indica el documento- se podría disponer de una bolsa de personas candidatas y a partir de ahí, se haría la selección».
Sin embargo, matizan, «la encomienda a personal externo debería limitarse». Así, «la administración debería contar con sus propios medios que le permitiesen realizar el reclutamiento».
Productividad
Uno de los aspectos en los que hace hincapié el IAAP en el documento es en la productividad de los trabajadores públicos. El texto recoge que el trabajo de los funcionarios andaluces debería medirse por su productividad «en base al logro de objetivos», algo que el propio informe reconoce que no pasa ahora mismo en la administración andaluza.
Un estudio «en fase de elaboración»
Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública advierten que el estudio «sigue en fase de elaboración» y que forma parte de las tareas de estudio y prospectiva del Instituto Abdaluz de Administraciones Públicas. En todo caso, las opiniones vertidas en el estudio abierto, en el que participan también las organizaciones sindicales, serán valoradas en el ámbito de la Mesa Sectorial. En ningún caso los procesos de selección en curso estarán afectados por estas sugerencias preliminares, y los procesos selectivos de la OPE tanto de 2017 como 2018 se regirán por la vigente Ley de Función Pública de 1985. «El acceso a la Administración Pública andaluza -añaden desde la Consejería- está regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad».
