Las ofertas públicas específicas, a las que generalmente nos referimos como “perfiles”, son un tipo de oferta de trabajo que genera gran controversia. El Pacto de Bolsa los contempla en tres supuestos: 1. Para categorías que no existen en Bolsa, 2. Cuando ningún candidato acepta la oferta que lanza el centro y 3. Para puestos que requieren una cualificación especial que no poseen todos los facultativos de la especialidad. Los dos primeros supuestos no son polémicos, porque para obtener el nombramiento basta con el título de especialista. Sin embargo, cuando se trata de cubrir un puesto con competencias específicas, los compañeros que carecen de ellas quedan excluidos, lo que limita sus opciones de conseguir trabajo o de trasladarse.
La organización funcional de los servicios médicos no debe ser confundida con la forma de acceder al puesto de trabajo. En la actualidad, la mayoría de los servicios médicos se organizan en unidades funcionales a las se adscribe una parte de los miembros del servicio, que en muchos casos se subespecializan en esa área particular. Pero ello no obliga a que todas las ofertas de trabajo se hagan por perfil, pues cualquier especialista, tras una formación adecuada, puede desarrollar con plenas garantías la actividad propia de la mayoría de las áreas de su especialidad. Sería injustificable reemplazar simultáneamente a todos los miembros de una unidad funcional, u obligar a un médico con una larga trayectoria en un ámbito concreto a cambiar de unidad, pero todos sabemos que cualquier médico que se incorpora por primera vez a un área específica adquiere con el tiempo una competencia profesional equivalente a la de sus compañeros más experimentados, sin merma de la calidad asistencial ni menoscabo del funcionamiento del servicio.
Por otra parte, los centros tienen la obligación de prever sus necesidades futuras y formar a los profesionales para que puedan cubrirlas. Es absurdo recurrir a un perfil para cubrir una jubilación en un puesto específico, en lugar de formar con tiempo a los profesionales interesados en incorporarse a esa unidad. No podemos aceptar que se prive a los médicos de formación y de movilidad dentro de los servicios, y que se supla esa falta de previsión y de desarrollo profesional con los perfiles. Del mismo modo, debe favorecerse el traslado de los facultativos con plaza en propiedad que posean las habilidades requeridas por los puestos específicos vacantes.
El Sindicato Médico no se opone a los perfiles. Existen áreas o supuestos muy concretos en los que están justificados. Pero es necesario que estas convocatorias se ajusten al Pacto de Bolsa, el único modo de garantizar que cualquier especialista con la experiencia o conocimientos requeridos pueda acceder al puesto. Para justificar el recurso a un perfil no basta con que exista una unidad funcional correspondiente al mismo. Es necesario, además, que el centro presente una memoria en la que conste el número de facultativos que pertenece a esa unidad y demuestre que alguno de esos puestos ha quedado vacante. Asimismo, el centro debe acreditar que ha puesto en marcha planes de formación para que otros facultativos del servicio puedan acceder a esa unidad. Solo en el caso de que ningún miembro posea las habilidades o la voluntad de acceder a ese puesto, o no exista tiempo material para formarlo, se justificaría recurrir al perfil para cubrirlo.
Los perfiles son útiles cuando están justificados, pero no pueden ser utilizados para favorecer el acceso privilegiado de personas concretas a ciertos puestos de trabajo. Deben requerir de los aspirantes las competencias requeridas por el puesto, pero no otros méritos adicionales que restringen innecesaria e injustamente la posibilidad de acceder a la unidad. Por otra parte, solo deberían ser nombramientos de interinidad, y así quedar sujetos a los mismos criterios de desplazamiento por OPE o traslado que el resto de los interinos.
Los médicos andaluces llevamos años sin oposiciones ni traslados, una situación intolerable que por fin empieza a corregirse. Este bloqueo ha causado un daño enorme a muchos compañeros y ha favorecido un uso espurio de ciertas formas legales de selección y provisión de puestos de trabajo, pero ha llegado el momento de exigir a la Administración que corrija estos graves defectos y garantice a todos los profesionales el acceso a un trabajo estable y a traslados sin más restricciones que las exigidas por las leyes y por los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Este es el único modo de evitar tratos discriminatorios y la única posición que puede sostener un Sindicato que defiende los derechos de todos los facultativos.