La pandemia de la COVID-19 ha empeorado las graves carencias estructurales de la Atención Primaria andaluza. La insostenible situación actual se debe a un manifiesto déficit de recursos que hace imposible prestar una asistencia sanitaria de calidad. Durante años, la financiación insuficiente de la Atención Primaria ha castigado con dureza a los profesionales, en especial a los facultativos, que soportamos una condiciones laborales y retributivas penosas, las peores de todo el sistema sanitario público español. Como ejemplo, la continuidad asistencial sigue sin ser implantada en Atención Primaria, a pesar de que la Administración adquirió ese compromiso en 2006.
En este escenario de precariedad estructural, la pandemia del coronavirus ha tenido consecuencias dramáticas. Este verano no ha habido personal dedicado de manera específica a labores de rastreo; estas debían ser realizadas por enfermería y facultativos tras realizar su labor asistencial. La sobrecarga asistencial está siendo inasumible. A cada facultativo se le asignan en una misma jornada consultas telefónicas, presenciales y urgentes. Lo normal es que varios pacientes, hasta una decena en algunos casos, sean citados a la misma hora. Esta práctica, conocida como “BIS”, es un fraude a la ciudadanía y una forma de explotación del médico, e impide una asistencia de una mínima calidad.
La teleasistencia no está funcionando. Falta personal de asistencia telefónica y facultativos para atender las consultas. En muchos casos, el paciente debe llamar durante varios días para ser atendido y que se les asigne una cita con su médico, que a su vez puede demorarse varios días más. El enfado y la frustración que estos retrasos inaceptables provocan en los pacientes se traducen en agresividad hacia el personal sanitario. La lacra vergonzosa de las agresiones no deja de empeorar. Muchas personas han optado por acudir directamente a urgencias tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria, lo que ha contribuido a sobrecargar los centros de salud y hospitales.
Estas graves carencias impiden un control adecuado de la pandemia. A la ausencia de personal específico para labores de rastreo y los retrasos provocados por los fallos de la teleasistencia se ha sumado la insuficiencia de los recursos para la realización de PCR. Es imposible frenar adecuadamente la propagación del virus sin rastreadores suficientes, a lo que se suma que un enfermo puede tardar varios días en ser atendido por su médico y otros tantos en saber si es positivo. La actitud incívica de quienes se niegan a colaborar en la identificación de los contactos no hace más que empeorar las cosas.
La situación es particularmente grave en el área de pediatría. La falta de pediatras en primaria no es coyuntural, pues lleva años afectando a nuestro sistema y no deja de agravarse. En este contexto, la vuelta a las aulas, con el previsible contagio de algunos menores y la preocupación de sus padres, provocará tensiones y empeorará la sobrecarga de los facultativos.
La llegada del invierno añadirá a la COVID-19 la epidemia estacional de gripe y otras patologías respiratorias. Es necesario adelantar la vacunación de la población y aumentar la población que la reciba, pero todavía carecemos de un plan que explique cómo se va a llevar a cabo en esta situación de grave falta de recursos.
A pesar de todo, creemos que esta situación dramática tiene solución, pero para alcanzarla se necesita una actuación rápida y decidida de la Administración.
La teleasistencia puede contribuir a mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía, pero necesita recursos suficientes y no puede sustituir a la atención presencial en los casos en que esta sea necesaria. Es preciso, por tanto, aumentar el personal de las centralitas para que no existan demoras en la atención telefónica y establecer con rigor científico su lugar en la relación clínica. No podemos permitir que la teleasistencia se convierta en un instrumento que sirva a la Administración para ocultar las carencias del sistema a costa de la salud de la población.
La escasez de facultativos solo puede ser compensada contratando más médicos o permitiendo que los contratados dispongan de más tiempo para asistir a la población. La primera medida pasa por mejorar las condiciones laborales y retributivas de los facultativos; la segunda, exige la implantación urgente de la continuidad asistencial en Atención Primaria, de modo que el facultativo pueda permanecer en el centro por la tarde para prestar asistencia a pacientes a los que no pudo atender por la mañana. La falta de implantación de la continuidad asistencial en primaria supone un agravio con respecto a los compañeros de hospital, contribuye a la discriminación salarial de los facultativos de primaria andaluces y, en el contexto actual, impide una asistencia sanitaria adecuada y un efectivo control de la pandemia.
Asimismo, es urgente que se contrate a rastreadores bien formados, que se establezcan sistemas eficaces de triaje en los centros y que desde la consejería se den instrucciones claras para la coordinación de la atención telefónica, presencial y urgente en todos los centros. La escasez de pediatras es un problema estructural que debe ser abordado de manera inmediata, en lugar de intentar paliarlo con medidas improvisadas e ineficaces que solo buscan ocultar la situación real a la población.
El Sindicato Médico está dispuesto a sentarse ya con la Administración, a todos los niveles, para pactar el modo de implantar de manera urgente estas medidas imprescindibles. Somos conscientes de la gravedad del problema al que nos enfrentamos y ejerceremos nuestro papel con responsabilidad. Sin embargo, si no obtenemos una respuesta inmediata de la Administración y el compromiso de llevar a cabo rápidamente estas mejoras, nos veríamos obligados a recurrir medidas de presión que ojalá podamos evitar.
Comité Ejecutivo del SMS