El pasado jueves, 14 de enero, se ha celebrado una reunión entre los responsables del Sindicato Médico de Sevilla (SMS) y el equipo directivo del hospital San Juan de Dios del Aljarafe. En ella, los responsables del SMS han manifestado su preocupación por el deterioro de la situación de los facultativos en el centro y su exigencia de que cuanto antes se ponga fin a los agravios que sufren en comparación con los facultativos del SAS.
Por parte del SMS asistieron a la reunión Rafael Ojeda, presidente; Nicolás Fernández de la Fuente, secretario general, y Olga Rufo, delegada del SMS en el centro. Por parte del hospital asistieron María Dolores Acón Royo, gerente; Flora Villarrasa Clemente, directora médica, y Santiago Herrero Villegas, director de RRHH.
El hospital San Juan de Dios del Aljarafe posee un modelo de gestión y financiación único en Andalucía, con financiación pública a cargo de la Junta y gestión privada de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Este modelo genera disfunciones notables, que se han visto agravadas en los últimos años y han llegado a ser críticas con la pandemia. Es probable que la financiación resulte insuficiente, como alega reiteradamente el centro. Sin embargo, lo cierto es que la gestión privada impide recurrir en situaciones de crisis a mecanismos de financiación adicional y de derivación de pacientes que están a disposición de los centros del SAS. Dado que la relación con los trabajadores es laboral y no estatutaria, son estos, en especial los facultativos, quienes sufren sistemáticamente los recortes por financiación insuficiente.
El deterioro de las condiciones de trabajo que padecen los facultativos en este centro ha provocado la salida de muchos de ellos en los últimos meses. La escasez de médicos puede llegar a ser crítica en breve, hasta el punto de forzar el cierre de algunos servicios. En esta situación, el SMS exige la equiparación laboral y retributiva de estos facultativos con los del SAS, no solo por razones de justicia, sino para evitar un éxodo que afectará gravemente al funcionamiento del hospital y, por tanto, a la calidad de la asistencia que reciba la población a la que atiende este centro.
El SAS y la Junta de Andalucía tienen una gran parte de responsabilidad de lo que está pasando en este hospital, que atiende a 300.000 personas del Aljarafe sevillano. Por tanto, le exigimos que asuma el papel que le corresponde como miembro al 50% del consorcio que gestiona este centro, ponga fin de inmediato a la discriminación que sufren sus facultativos y, si el sistema no funciona, garantice a la población afectada una asistencia de calidad prestada por un hospital 100% público.