En un momento en que las reivindicaciones feministas ocupan un lugar destacado en los medios y en que el papel de los profesionales sanitarios ante la pandemia es reconocido por toda la sociedad, tenemos que seguir lamentando las dificultades que encuentran las profesionales embarazadas para obtener la protección frente al contagio que les otorga la ley.
Debemos recordar que las mujeres embarazadas no pueden ser vacunadas y que la enfermedad ocasionada por el SARS CoV2 (COVID-19) supone para ellas un riesgo mayor que el de la población general, con una presentación más grave de la enfermedad y un mayor riesgo de parto prematuro. Dado que no pueden vacunarse y están expuestas a un elevado riesgo de infección, según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, las profesionales embarazadas deberían dejar el puesto de trabajo y obtener una prestación por riesgo durante el embarazo. Sin embargo, tanto los protocolos que maneja el SAS para la protección de los trabajadores como los informes emitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social infravaloran el riesgo al que están sometidas las facultativas embarazadas, lo que imposibilita la tramitación de las medidas de protección adecuadas.
En el Sindicato Médico de Sevilla consideramos una vergüenza que tengamos que recurrir a la denuncia pública para exigir protección adecuada para nuestras compañeras embarazadas. En cualquier caso, con la intención de poner fin a esta situación lamentable, desde el Sindicato Médico de Sevilla hemos dirigido sendos escritos al Comité Sectorial de Seguridad y Salud y a la Dirección Provincial de la Seguridad Social y ponemos a disposición de nuestras afiliadas nuestra asesoría jurídica para que, en caso de que no se les reconozca debidamente el riesgo de enfermedad ocasionada por el SARS CoV2 (COVID-19), presenten una demanda para exigir que se apliquen de manera inmediata las medidas de protección adecuadas, todo ello sin renunciar a exigir las responsabilidades que puedan derivarse de los actos u omisiones que puedan originar un daño o perjuicio para las trabajadoras embarazadas o sus hijos.
Comité Ejecutivo del SMS