Según los datos que ha proporcionado el SAS a los sindicatos, las agresiones al personal sanitario en 2022 han vuelto a las cifras registradas en 2019, tras un descenso en 2020 y 2021 atribuible a la disminución de las consultas presenciales a causa de la pandemia.
En 2022 se han producido en Andalucía 1494 agresiones totales a los trabajadores del SAS, prácticamente las mismas que en 2019, año en el que se registraron 1507. Ambas cifras superan a las producidas en 2020 (1042) y 2021 (1208). En Sevilla el descenso del total de agresiones ha sido más significativo que en el conjunto de nuestra comunidad, pues han pasado de 388 a 304.
En cuanto a las agresiones físicas, en 2022 han disminuido ligeramente en Andalucía con respecto a 2019, pasando de 289 a 259, en ambos casos superando las cifras de la pandemia, con 176 agresiones físicas en 2020 y 230 en 2021. El descenso de las agresiones físicas ha sido especialmente acusado en nuestra provincia, donde han pasado de 84 a 53.
Las agresiones siguen sido más frecuentes en Atención Primaria y sus principales víctimas son las mujeres. En Atención Primaria la mayoría se producen en las consultas médicas, Urgencias y Admisión. En los Hospitales se producen en la planta de hospitalización y Urgencias.
La mayoría de las agresiones, 1254 del total de 1494, tienen casusas relacionadas con la práctica asistencial. Así, por ejemplo, 245 se produjeron por desacuerdos con las normas de funcionamiento del centro; 286 por desacuerdo con el trato o conducta del profesional; 128 por demandas de prestación o medicación para un familiar; 118 por demandar un tratamiento diferente del prescrito; 116 por disconformidad con el tiempo de atención en el centro y 109 por demandar atención sin cita previa.
Pese a la buena noticia que supone el descenso de las agresiones físicas en nuestra provincia, estos datos constatan que las agresiones al personal sanitario sigue siendo un grave problema en nuestra comunidad. La falta de recursos que padece la sanidad pública andaluza está relacionada directa o indirectamente con la mayoría de las agresiones. La principal medida necesaria para poner freno a esta lacra es el incremento del gasto sanitario público andaluz, que sigue entre los más bajos de España desde la crisis de 2008.
Las agresiones vuelven a crecer tras la pandemia sin que el SAS reconozca que el Plan contra las Agresiones se ha revelado insuficiente. Necesitamos medidas que protejan eficazmente a los profesionales y castiguen de forma efectiva a los agresores. Por desgracia, esta Administración, igual que la anterior, antepone en muchas ocasiones los intereses del agresor, aun reincidente, a los del médico agredido, que en ocasiones se ve obligado incluso a abandonar la ciudad donde ejerce por temor a las amenazas de su agresor.
El SAS debe afrontar de forma decidida este problema y proponer soluciones que vayan más allá de la retórica y la pose autocomplaciente.