El pasado 2 de junio, el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) remitió al director gerente del Virgen del Rocío una petición oficial de información sobre las irregularidades, con manifiesta apariencia de ilegalidad, que hemos detectado en su equipo directivo. En su respuesta, fechada el 10 de junio, el gerente no despeja las dudas que existen acerca de estas irregularidades ni se muestra dispuesto a subsanarlas. Estos hechos, que a continuación detallamos, podrían suponer graves vulneraciones de las diversas normas que regulan los nombramientos de los cargos intermedios y directivos y fijan su régimen de incompatibilidades, por lo que el SMS estudia emprender acciones judiciales para exigir que se restaure la legalidad y se depuren responsabilidades.
El 12 de diciembre de 2019 se hizo público el nombramiento de la actual Directora Médica del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la Dra. Rosario Amaya. A pesar del tiempo transcurrido, el nombramiento oficial no ha sido publicado en el BOJA, lo que incumple la obligación de la Administración de dar publicidad al nombramiento (artículo 6.3 del Decreto 75/2007). Tampoco ha sido publicado en el BOJA el cese de su anterior cargo, el de Subdirectora Médica, cuyo nombramiento sí fue publicado en dicho boletín.
Por otra parte, la Dra. Amaya desempeña, a la vez que el cargo de Directora Médica, el de Directora de la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo hospital, a pesar de que una persona no puede ocupar simultáneamente dos puestos públicos. La Dra. Amaya ha declarado en prensa que ejerce este cargo “en funciones”. En los mismos términos la respalda el gerente del centro en su respuesta. Sin embargo, el denominado “encargo complementario de funciones” limita la “acumulación de funciones” a los cargos intermedios y establece que únicamente puede ser realizada por “personal que ocupa puestos básicos u otros cargos intermedios”, no por personal que ocupa puestos directivos (art. 2.1 de la Orden de 5 de abril de 1990). Salvo que la Dra. Amaya contase con una previa y expresa autorización de compatibilidad, estaría incurriendo en una grave y manifiesta incompatibilidad. Por su parte, el centro estaría incumpliendo su obligación de proceder a la provisión de la vacante de un cargo intermedio por el procedimiento legalmente previsto (art. 10 y 70 del Estatuto Básico del Empleado Público). A ello se suma la imposibilidad de desarrollar adecuadamente, de forma simultánea, la dirección médica de una empresa de 8.500 trabajadores y la dirección de la mayor UCI de Andalucía.
Dentro del mismo equipo directivo, el Dr. Daniel Díaz ejerce desde hace semanas los cargos de Subdirector Médico del Hospital de Rehabilitación y Traumatología y de Subdirector Médico del Área Quirúrgica. Como en el caso anterior, estos nombramientos, que tampoco han sido publicados en el BOJA, no se han ajustado al procedimiento legalmente establecido. Cabe resaltar, además, que el de Subdirector de Área Quirúrgica sería un puesto directivo de nueva creación. Por tanto, antes de ser ocupado, debe ser creado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (art. 55 y 61.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía), dado que el director gerente carece de competencia para hacerlo. Esta ampliación de la plantilla orgánica requeriría el informe previo del órgano de participación y representación (art. 37. 1. c y m del Estatuto Básico del Empleado Público) y estudios funcionales, de cargas de trabajo y dimensionamiento de plantilla, así como memoria económica presupuestaria, objeto de informes por los respectivos órganos competentes. Ninguno de estos requisitos, hasta donde sabemos, se ha cumplido.
Como en el caso anterior, el Dr. Díaz no puede desempeñar estos cargos “en funciones”, como sostiene el gerente del SAS, pues, en primer lugar, esta figura no se contempla para puestos directivos y, en segundo, uno de ellos sería de nueva creación. Por otra parte, el Dr. Díaz realiza actividad médica privada, lo que supondría una grave irregularidad, ya que el art. 3.2 del Decreto 75/2007 establece que el ejercicio de cargos directivos exige dedicación exclusiva. Nuestra organización está en contra de la discriminación que representa la dedicación exclusiva, pero a favor del cumplimiento de la ley, más aún cuando el SAS se ha mostrado implacable con los facultativos que han vulnerado la ley de incompatibilidades. Resulta indignante que los facultativos de a pie sean sancionados por incumplir el régimen de incompatibilidades por la misma Administración que nombra y ampara a cargos directivos que lo vulneran gravemente.
Completa este rosario de irregularidades la reciente presentación de la Dra. Jaqueline Mayoral como Subdirectora Médica de Salud Mental, de la que hemos tenido conocimiento con posterioridad a la solicitud de información a la gerencia del centro. Una vez más, nos encontraríamos ante un puesto directivo nuevo, que no figura en la plantilla orgánica y que habría sido creado por un órgano manifiestamente incompetente, la dirección gerencia, y cuyo desempeño habría sido encomendado a la Dra. Mayoral sin respetar el procedimiento reglamentario y sin publicación en el BOJA. De hecho, todo el procedimiento se ha llevado a cabo sin publicidad, por lo que profesionales interesados y con méritos más que suficientes para ocuparlo no han podido optar a él. En cualquier caso, no están claras cuáles van a ser las competencias de este nuevo cargo directivo, más allá de las llevadas a cabo por el Jefe de Servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, ocupada por el Dr. Benedicto Crespo.
Resulta desolador comprobar que todo sigue igual. La ilusión por el cambio en el modelo de gestión, tras las pasadas elecciones autonómicas, ha dado paso a la más profunda decepción. El cambio prometido ha quedado en nada. Los procedimientos legales para la elección de cargos directivos e intermedios siguen siendo ignorados sin pudor. En lugar de premiar la capacidad y el esfuerzo de los profesionales, ofreciéndoles la posibilidad de progresar a través de procedimientos transparentes y justos, en nuestros centros se sigue accediendo a los puestos de responsabilidad por medios opacos, ideológicamente sesgados y fraudulentos en el fondo y en la forma. La práctica del nepotismo, que ningún partido parece interesado en erradicar de nuestras instituciones, no deja de crecer, concentrando los puestos de responsabilidad en un pequeño grupo de amigos y familiares.
No podemos seguir tolerando situaciones como las descritas. Saltarse la ley para colocar en los puestos de responsabilidad a personas elegidas “a dedo” es un fraude que la anterior Administración andaluza convirtió en norma. Ahora vemos que la nueva Administración no es diferente. Esta conducta ignominiosa debilita nuestras instituciones, desacredita a la Administración y nos avergüenza como ciudadanos. Es responsabilidad del Sindicato Médico defender la limpieza y la legalidad en la actuación de la Administración sanitaria.
Por ello, exigimos que las irregularidades denunciadas aquí sean inmediatamente subsanadas, con independencia de las acciones judiciales que estimemos conveniente emprender.