El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado dos nuevos autos de suspensión cautelar de los protocolos de integración del personal en las Agencias de Servicio Sociales y Dependencia y de Gestión Agraria y Pesquera, impulsadas por la Junta a través de la llamada «ley del enchufismo».
La Junta paga, con dinero público a estas empresas privadas que, legalmente, no pueden trabajar para la administración, incumpliendo su propia Ley.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) considera que, «de seguir adelante, la administración estaría cometiendo delitos tan graves como malversación y prevaricación».
Si el personal de estas empresas en Andalucía vienen a ser un tercio de todos los trabajadores públicos. Imaginemos, si podemos, el ahorro que supondría para las arcas públicas que su trabajo fuese hecho por los que, legalmente, están capacitados para ello. Para nada tendrían que coger dinero de nuestros sueldos. Soberbia manda.