La norma que impulsa el Gobierno de Susana Díaz para «blindar» la sanidad pública andaluza no convence al Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía. «Triunfalista, autocomplaciente, contradictoria, poco rigurosa» y de dudosa credibilidad al carecer de un colchón económico estable. Son algunos de los calificativos que dedica este órgano consultivo en su dictamen sobre el anteproyecto de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), que ya está tramitando el Parlamento andaluz como proyecto de ley.
El informe aprobado el 26 de septiembre pasado en el Pleno de esta entidad es un cañonazo en la línea de flotación del discurso del Ejecutivo socialista.
¿Por qué no les convence una norma que tiene como misión asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, entre ellos inmigrantes? Prácticamente lo único que salva el CES es la filosofía de la norma, que prevé «afianzar los logros y conquistas del sistema sanitario» y la prohibición del copago.
En lo que respecta a la exposición de motivos, considera que «intenta justificar la situación de una manera excesivamente triunfalista y consideramos necesario un análisis y un diagnóstico más acorde con la realidad para poder asegura la sostenibilidad sobre parámetros más reales». El dictamen baja de la nube de autocomplacencia en la que se ha instalado el Ejecutivo recordándole que también en esta comunidad se ha acometido recortes en inversión y en contrataciones de personal durante la crisis. Lo recoge así: «Andalucía es de las comunidades que más ha descendido en el ranking de gasto per cápita, y si nos atenemos a los datos del informe socioeconómico del CES, según datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2013, el gasto público sanitario en Andalucía era de 1.149 euros por persona, muy por debajo de los 1.269 euros de la media nacional».
La exposición de motivos «se adorna de excesiva autocomplacencia, obviando las medidas restrictivas que se han tenido que aplicar en los últimos años, así como los recortes», lo que «ha afectado negativamente a su calidad y valoración entre la ciudadanía.
Otro talón de Aquiles es la falta de financiación. El Consejo «tiene serias dudas sobre si en las actuales circunstancias, mientras persistan las políticas de austeridad, sería posible cumplir esas premisas y dejaría de existir déficit en el sistema sanitario». «Una verdadera Ley de Garantías y Sostenibilidad debe fijar un objetivo mínimo, que garantice la financiación finalista, de igual manera que se hace con las leyes que fijan los techos de gasto público, y no estar al albur de la evolución favorable del PIB, o del incremento de ingresos extras», avisa.
Analizando con más detalle el expediente, el órgano consultivo comprueba con sorpresa que en borradores previos se establecía un «límite mínimo del 6,5% del PIB andaluz para la financiación» del sistema, pero «curiosamente desaparece en el texto a dictaminar, sin más justificación. De mantenerse así la ley, este Consejo entiende que se está poniendo en cuestión la credibilidad de la norma, y lo que es peor, la sostenibilidad».
Ajeno a las críticas a su ley, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, subrayó que la nueva norma «constituirá un referente en el Sistema Nacional de Salud, al no existir otra de esta naturaleza en el conjunto del Estado». «La sostenibilidad de la sanidad pública exige una apuesta decidida de los gobiernos», afirmó.
Fuente: ABC de Sevilla