El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha presentado un recurso contra las instrucciones del SAS que permiten el traslado forzoso de psiquiatras al hospital de Osuna. Nuestra organización ha solicitado la anulación de esta norma y la paralización cautelar de su aplicación.
El SMS se opone a estas Instrucciones porque permiten el traslado forzoso de los facultativos a un hospital distinto de aquel en el que han obtenido su nombramiento. Esta posibilidad pone en riesgo de precariedad laboral a todos los médicos de Andalucía, pues los traslados que hoy afectan a los psiquiatras sevillanos mañana pueden ser aplicados a cualquier otro especialista de nuestra comunidad. El SAS debe retirar esta norma y negociar un plan de incentivos para los centros de difícil cobertura que se base en la voluntariedad de cualquier desplazamiento y que sea aplicable a todos los médicos que desempeñen en ellos su labor.
El SMS considera que la Instrucción recurrida no se ajusta a derecho, por cuanto cualquier desplazamiento forzoso de un profesional fuera del ámbito del su nombramiento requiere una motivación adecuada, según prescribe el art. 12 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco. De otro modo estaríamos ante una decisión arbitraria, prohibida por el art. 9.3 CE y art. 35 Ley 39/2015. La Instrucción recurrida carece de motivación alguna. Asimismo, estos desplazamientos requieren la previa negociación en la mesa sectorial, según dispone el art. 36 de la Ley 55/2003. Esta negociación no ha sido llevada a cabo.
Las Instrucciones recurridas incumplen los requisitos mencionados y han sido dictadas para paliar un problema estructural que el SMS lleva meses denunciando. La plantilla de psiquiatras de Osuna sufre un déficit crónico de médicos que el SAS ha ignorado, cuando no agravado con su pertinaz maltrato a los facultativos. Ahora, cuando la gravedad del problema ha llevado al Servicio de Salud Mental a una situación insostenible, pretende mitigarlo de forma apresurada por medio de un recurso destinado a abordar situaciones imprevistas y coyunturales, y no carencias estructurales.
Nadie obtendrá ningún beneficio de esta medida improvisada y miope. Los pacientes de Osuna no recibirán la atención que merecen, pues no es posible hacerlo con una plantilla reducida a un tercio de la requerida (actualmente quedan en Osuna solo cuatro psiquiatras de una plantilla de doce). Los médicos de la Unidad de Salud Mental de Osuna seguirán soportando una presión asistencial inasumible y los servicios obligados a reforzar este hospital verán mermadas sus plantillas, lo que afectará a su vez a la atención que puedan prestar a la población a su cargo.
El SMS no cejará hasta conseguir la retirada de esta norma que solo conseguirá empeorar la calidad asistencial que reciben los ciudadanos y alentar la huida de médicos del Sistema Sanitario Público Andaluz.